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The Financial Times duda de que en España el poder Judicial sea independiente del Ejecutivo

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REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG


Desde hace unos años para acá, la prensa europea viene advirtiendo a través de sus corresponsales en España, de que en nuestro país se está produciendo una "peligrosa politización de la justicia". Uno de los últimos reportajes en relación con este tema ha aparecido en el periódico británico "The Financial Times".


El Financial Times, un rotativo de sesgo claramente derechista, dedicado a información económica y representativo de las concepciones neoliberales dominantes en el mundo occidental, proporcionó hace unos días los testimonios de algunos jueces y expertos legales que mantienen que en España existen evidencias "presiones sutiles" ejercidas desde el Ejecutivo sobre la judicatura. El periódico británico acude para reforzar sus aseveraciones al respecto, a los elocuentes testimonios de ONGs, así como a las denuncias de los independentistas catalanes en relación con la persecución de la que están siendo objeto.


Hay -precisa este diario británico- una “percepción subyacente en España de que la Justicia carece de independencia de la política”. Apunta que aunque algunos jueces y expertos legales dicen que no existen evidencias claras de interferencias directas de la política en el sistema judicial  pero admiten, sin embargo, la existencia de “presiones más sutiles”. Y se mantiene que el sistema judicial español debería combatir este tipo de presiones con más energía que la que hoy usa para defenderse.


El rotativo británico recoge, por otra parte, el testimonio de Isabel Pozueta, la madre de uno de los ocho acusados por una pelea de bar en Alsasua. La señora Pozueta mantuvo en la versión que dio ante el corresponsal del periódico, Michael Stothard, que el "caso de Alsasua" ha sido provocado por una "peligrosa politización de la justicia española".Cuenta cómo los jóvenes fueron inicialmente procesados por asalto. Pero luego el caso pasó a la Audiencia Nacional, - una jurisdicción heredera del Tribunal de Orden Público de la dictadura - donde se añadieron supuestos delitos de terrorismo, por los que el fiscal pide nada menos que 375 años de cárcel para los procesados, estimando que los hechos habían sido premeditados y expresamente planeados para lograr la expulsión de la Guardia civil de la ciudad.


La señora Pozueta sostiene que no existe la más mínima base objetiva para los cargos de terrorismo que se le imputan a los jóvenes procesados, y que se trata de "una interpretación política deliberada" de los hechos. Igualmente mantiene que el objetivo de esta persecución judicial consiste en tratar de difundir el miedo en la juventud local.


El corresponsal Michael Stothard enfatiza en su artículo que en el caso Alsasua ha herido un nervio muy sensible, al coincidir en el tiempo con las acusaciones de tribunales españoles tratando de reprimir con excesiva dureza a los independentistas catalanes.

Libre@Diario