El lado oscuro de Eduardo Zaplana

 / con información de EL PAÍS@

La investigación de la Operación Erial apunta a que el exministro del PP Eduardo Zaplana cobró a plazos comisiones obtenidas a cambio de adjudicaciones. 

Por ese motivo, la juez Isabel Rodríguez le atribuye delitos de cohecho y prevaricación respecto a contratos concedidos en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana (de 1995 a 2002) sin considerar que hayan prescrito. La tesis de la investigación es que Zaplana recibió mordidas años después de que adjudicaciones como la de las ITV y el Plan Eólico Valenciano se materializaran, e incluso tras abandonar el cargo. Pero que el delito se perfeccionó —se cometió del todo—, cuando el pago del soborno se hizo efectivo. A partir de entonces, señalan fuentes de la investigación, empieza a contar el plazo de prescripción. Un plazo que en el caso del cohecho es de 15 años.

La magistrada envió el jueves a prisión a Zaplana y a dos de sus colaboradores, su asesor fiscal Francisco Grau y su presunto testaferro Joaquín Barceló, por los delitos continuados de cohecho y prevaricación, fraude en la contratación y fiscal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal. La magistrada señala que el pago de las comisiones se efectuó en el extranjero y, tras pasar por un circuito internacional de blanqueo, el dinero se reintroducía en España.

La instructora menciona una operación de 2005, y fuentes de la investigación sostienen que la operativa se ha mantenido presuntamente hasta este año. Fuentes del entorno de Zaplana señalaron que su defensa considera su ingreso en prisión “innecesario, desproporcionado e injusto”.