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Podemos alerta de “la corrupción en la gestión política del patrimonio de Tenerife”

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LIBREDIARIO@DIGITAL / TENERIFE


La destrucción de edificios históricos de alto valor patrimonial en el entorno de la calle Miraflores de Santa Cruz de Tenerife es, esencialmente, un gravísimo ejemplo de la corrupción que está destruyendo el patrimonio tinerfeño”. “Y como principal protagonista se encuentra Coalición Canaria, un partido que lejos de defender la identidad canaria que se esconde tras el patrimonio arquitectónico isleño, trabaja en favor de su destrucción, ya sea por acción u omisión, a menudo con el inestimable apoyo de otros partidos como el PP o el PSOE”.


Así de contundente resume Paqui Rivero, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, el foco central del conflicto generado entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz en torno a si hay que derribar o proteger varios inmuebles de la capital tinerfeña. Denuncia que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), haya asumido como válido el “discutible” informe elaborado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) siguiendo las directrices del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (también de CC), para resolver las discrepancias surgidas en torno a la propuesta de no derribo e inclusión en el catálogo municipal de bienes protegidos realizada por el Servicio Insular de Patrimonio.


Para Podemos, ese alineamiento del presidente del Cabildo con la posición del alcalde de Santa Cruz “demuestra que la decisión es política, no técnica.” “Carlos Alonso tendría que haber defendido el papel del Servicio de Patrimonio del Cabildo, manifestando que el informe del CICOP debería ser estudiado por dicho servicio, sin saltarse de paso a la consejera de Patrimonio del Cabildo, Josefa Mora (PSOE)". Sin embargo, como critica Paqui Rivero, “lo que ha hecho la Consejera es plegarse a las directrices de Coalición Canaria indicando que el Cabildo no emitirá ninguna resolución y que lo que se haga en Miraflores ya solo depende del Ayuntamiento de Santa Cruz”.


Recuerda que desde 2007 el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife propuso en sucesivos informes técnicos dar protección a los inmuebles 23, 27 y 29 de Puerta Canseco. Para resolver el conflicto que enfrentó a ambas instituciones en los tribunales, el Ayuntamiento se comprometió a encargar un informe sobre los valores patrimoniales de la casa cuya demolición había sido suspendida por la Corporación insular y también de aquellas para las que ya el consistorio había concedido licencias y que se incluyesen en el listado de protección del Cabildo tinerfeño. Por su parte, la corporación insular se comprometió a acatar las conclusiones del informe.



Pero dicho estudio se ha encargado a una entidad nada imparcial para resolver esta discrepancia, el CICOP, que defiende abiertamente desde 2017 la demolición de inmuebles ubicados en esa zona, lo cual le resta mucho rigor frente a los informes del Servicio de Patrimonio Insular para defender los valores patrimoniales de este entorno”. 


Finalmente, como era previsible, la fundación CICOP ha avalado en un informe técnico elaborado en 2018 la decisión política municipal de derribar los inmuebles que según el área de Patrimonio del Cabildo deberían ser protegidos “y las personas con máxima responsabilidad en esta materia no han hecho más que ceder a estas pretensiones que responden a intereses que poco tienen que ver con una auténtica protección del patrimonio santacrucero”.


La formación morada solicita a la corporación insular que haga valer los criterios de su Área de Patrimonio, así como el papel del Cabildo “ante los atropellos que distintos ayuntamientos de la Isla realizan contra nuestro patrimonio”. Al tiempo, pide que se defienda el papel garantista del Cabildo en la Ley de Patrimonio que hoy por hoy está en discusión en nuestro Archipiélago. “Tomaremos las medidas que estén a nuestro alcance como grupo político para frenar estos atropellos”, señala.


Por último, Rivero remarca que “es hora ya de destapar la corrupción brutal que existe en la gestión política del patrimonio canario que se traduce en una fuerte especulación inmobiliaria que destruye edificios que deberían estar protegidos siguiendo el espíritu de la Ley y el sentido común de cualquier comunidad que proteja su acervo, reflejándose también en amenazas a personas propietarias que denuncian las maniobras ilegales de las concejalías de patrimonio, los sobornos a personal técnico y a organismos que redactan falsos planes de gestión de centros históricos y los informes técnicos adulterados para así arrasar con el patrimonio en peligro”.

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