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El Gobierno no meterá dinero en la hucha de las pensiones hasta dentro de cinco años, como pronto. El propio diseño del Fondo de Reserva determina que mientras la Seguridad Social siga en números rojos no recibirá ingresos de los excedentes de las cotizaciones. Esto nos sitúa, al menos, en el año 2023.
Y eso, siendo optimistas. Frente a las advertencias de economistas como Javier Santacruz -que considera que el déficit del Sistema es crónico y, con las previsiones de ingresos y gastos del Ministerio de Empleo, "difícilmente" llegará a paliarse-, el Ejecutivo pone negro sobre blanco en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que el desfase se reducirá hasta el 1,1% del PIB este año, al 0,9% en 2019 y al 0,5% en 2020. Unas previsiones que no avala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en un informe reciente eleva la desviación al 0,83% todavía en el año 2022.
En este contexto, de la hucha no hará más que salir dinero, como en los últimos ejercicios, aunque cada vez menos.
Apenas quedarán 4.269 millones de euros tras la extracción de 3.826 millones prevista para este año, y el Gobierno reconoce en privado que no quiere ser el responsable de vaciar el fondo, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le reste importancia al asegurar en público que se trata de un "apunte contable" del que no depende el pago de las pensiones.
No le falta razón. La hucha, creada para dotar reservas para atender a necesidades futuras ante desviaciones de ingresos y gastos, llegó a acumular 66.800 millones de euros en el año 2011, pero esa cuantía no cubre, ni de lejos, el gasto en pensiones de 144.000 millones que recogen los PGE de este año. Por cotizaciones sociales se van a ingresar unos 115.000 millones de euros y los gastos de la Seguridad Social ascienden en total a cerca de 150.000 millones.
¿Cómo se financian esos 35.000 millones de diferencia? Según el libro amarillo, por tasas o ingresos patrimoniales entran algo más de 1.000 millones; 13.580 millones proceden de transferencias corrientes; 5.067 millones, de activos financieros, de los que más de 3.800 millones se dispondrán del Fondo de Reserva y el resto de los rendimientos que ofrezcan diversas inversiones; y, por último, 15.164 millones que corresponderán al préstamo del Tesoro, del que fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez aseguran que confían en no hacer uso de manera íntegra. Ya lo dijo Montoro durante la presentación de sus PGE en el Congreso: "Que no se preocupe nadie, las pensiones las garantiza el Estado".
Pacto de Toledo, en primavera
Las mismas fuentes explican que, en estos momentos, más del 94% de las pensiones se pagan con cotizaciones, y el objetivo del Gobierno es llegar al cien por cien. Para ello, en el Ministerio de Empleo tienen claro que la Seguridad Social sólo debería asumir en su presupuesto el coste de las prestaciones contributivas, estimado en algo más de 127.000 millones de euros.
Para este departamento, separar las fuentes de financiación es crucial para reducir el saldo negativo del Sistema, recomendación que recogió en su día el Pacto de Toledo y que, de haberse empezado a aplicar hace una década, dotaría hoy en día al Fondo de Reserva con 100.000 millones de euros, según aseguran las citadas fuentes.
A estas alturas, se da por hecho que en esta línea irán algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que el Ejecutivo espera que tenga listo un paquete completo a finales de esta misma primavera.