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El Gobierno de Canarias dice reafirmar su política de tolerancia cero contra la corrupción

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LD@D.NET / C@N


El director general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Cesáreo Rodríguez, reafirma el compromiso del Gobierno canario con la transparencia y el buen gobierno por lo que considera que en el ámbito de las competencias del Ejecutivo autonómico ninguna cifra de corrupción resulta aceptable. Así lo expresa al referirse a la última actualización del repositorio de los datos sobre procesos por corrupción publicado por el Consejo General de Poder Judicial correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.


Si bien el director general comprende la alarma que genera este asunto, deja claro que no se trata de una situación que suponga una conducta normalizada en el ámbito del Gobierno canario ni de la sociedad canaria en su conjunto.


Rodríguez recuerda que el Ejecutivo canario desarrolla una política de tolerancia cero contra la corrupción en su ámbito de competencias a través de varias actuaciones. En este sentido recuerda la aprobación en esta legislatura de la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, que incluye entre sus ejes el de Gobierno Abierto con la finalidad de mejorar e incrementar la transparencia y el acceso a la información pública, fortalecer la integridad de los servidores públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana.


El Ejecutivo autonómico también ha actualizado y mejorado el portal de transparencia, puso en marcha otro en el que se suben las iniciativas normativas para favorecer la participación ciudadana, y se trabaja para aprobar cuanto antes el Estatuto de las personas que ocupan cargos públicos, entre otras medidas.


Rodríguez explica que los datos sobre procesos por corrupción del Consejo General de Poder Judicial, que acaba de ser actualizado con los datos del cuarto trimestre de 2017, se refieren de forma indistinta a los ámbitos de la Administración estatal, autonómica y local en cada comunidad autónoma, pero no aclara cuántos casos de corrupción corresponde a cada administración.


Esas estadísticas tampoco permiten conocer cuántas condenas corresponden a particulares, funcionarios públicos o políticos porque no se segregan y, además, las cifras se refieren tanto a la corrupción política como a la administrativa. En todo caso, añade, hay que matizar que proporciona el número de personas acusadas, lo que no es equiparable a personas juzgadas y condenadas.


Rodríguez sostiene que sería conveniente que el repositorio incluyera un mayor nivel de detalle en sus cifras, para poder conocer cuántos funcionarios, políticos o ciudadanos y a qué administración, estatal, autonómica o local pertenecen, por lo que adelanta que el Gobierno de Canarias propondrá al CGPJ que segregue de forma más pormenorizada los datos.

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