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Los bancos pierden 98 de cada 100 casos por hipotecas abusivas

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LD@D.NET / E@D


El 98,3% de las 9.326 sentencias dictadas por los juzgados especializados en materia hipotecaria durante 2017 fueron favorables a los clientes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifra en 154.156 el número total de litigios registrados en el periodo.


 El CGPJ destaca que en 22 de las 50 provincias españolas que disponen de estas sedes desde la entrada en vigor del plan de urgencia sobre cláusulas abusivas, el porcentaje se eleva hasta el 100%, entre ellas Toledo (con 277 resoluciones), Badajoz (223), Zamora (216) y Barcelona (210).


Así lo revelan los datos del anexo sobre cláusulas suelo cumplimentados por los letrados de la Administración de Justicia desde el tercer trimestre de 2017, los cuales muestran el incremento "notable" de estas sentencias entre octubre y diciembre, cuando se alcanzaron las 8.096, de las que el 98,1% fueron a favor de los consumidores.


Respecto al juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid, de los 904 expedientes tramitados en el último semestre del año, el 99,3 % (883) acabaron por dar la razón al cliente.


El plan de urgencia


En funcionamiento desde el pasado 1 de junio, el plan de urgencia sobre cláusulas abusivas preveía la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la Península y en cada una de las principales islas de los archipiélagos canarios y balear.


Aunque inicialmente la medida fue adoptada para reducir la esperada sobrecarga de trabajo por el aumento de demandas sobre cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estas sedes también conocen otros asuntos como el vencimiento anticipado, los gastos de formalización de hipotecas, los intereses moratorios, o las hipotecas multidivisa.


A finales de diciembre, el CGPJ aprobó un nuevo plan, con vigencia hasta el próximo junio, que preveía dotar de más recursos a los juzgados e incrementar en casi medio centenar el número de magistrados a fin de agilizar la tramitación de los procedimientos aún pendientes de registro y estudio.


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