Impunidad total en el caso Faycán: Ninguno de los implicados pisará la cárcel
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
¿LA CORRUPCIÓN SALE GRATIS?
A mediados del pasado mes de enero informábamos, desde las páginas de este diario digital, sobre la evolución del juicio sobre el llamado Caso Faycán, que se encontraba a punto de cerrarse en la la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el magistrado Salvador Alba, nada más y nada menos que 12 años después de que saliera a la luz pública.
Como se recordará, Caso Faycán fue la denominación dada por los investigadores policiales a una gigantesca trama de corrupción urdida y desarrollada en el municipio de Telde, el segundo en importancia de la isla de Gran Canaria, que en el 2006 acaparó las portadas de los medios de comunicación de todo el Estado.
Según el juez que en su día instruyó este caso, Francisco Javier García, elex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, "idearon esta trama ilegal para financiar al PP"; si bien buena parte de ese dinero habría "acabado en sus bolsillos".
Las pesquisas policiales y judiciales desvelaron que las empresas que querían hacer negocios en Telde debían pagar previamente una suculenta comisión del 20% a los miembros del consistorio. El pago de estas comisiones fue reconocido por la mayoría de los empresarios que fueron investigados.De esta forma - y de acuerdo a lo revelado por las investigaciones - llegaron a moverse casi un millón de euros entre 2003 y 2006. La empresa que supuestamente aportó más a la trama fue la ferretería de Las Huesas - de Felipe y Nicolás Ojeda-, con un total 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros. Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de60.000.
Un auto emitido en 2009 por el juez instructor Francisco Javier García situaba a Valido al frente de esta trama, junto a Torres - que terminaría suicidándose - el ex concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, y Orts. Francisco Valido fue detenido y posteriormente imputado por un presunto delito de cohecho y otro de prevaricación.
DE LA REBAJA A LA TOTAL GRATUIDAD
Sin embargo, de un total de 53 imputados en el Caso Faycán se pasó finalmente a 37, entre los que se encontraba el propio ex alcalde. Doce años después, quedaban solamente 28 acusados, de los cuales veinte confesaron haber participado en la trama para el cobro de comisiones ilegales.
Este reconocimiento de culpa, sin embargo, no se debió a ningún ataque repentino de moralidad, sino que forma parte de un acuerdo alcanzado con el Fiscal Anticorrupción, Luis del Río, en virtud del cual ninguno de ellos pisará la cárcel gracias a su "colaboración".
LOS OCHO QUE AÚN SEGUÍAN EN EL PROCESO TAMBIÉN SE SALVAN
El pasado miércoles, el fiscal del Río volvía a aplicar la atenuante de"dilaciones indebidas" para rebajar tanto la petición de pena a los ocho acusados que aún continúan en el proceso que ninguno de ellos pisará la prisión.
Siete de los ocho encartados no irían a la cárcel, salvo José Luis Mena, ya en prisión por otras condenas, si los tres jueces dan por buena la propuesta del ministerio público.
La reducción de penas planteada por Del Río disminuye a la mitad lo que había solicitado con anterioridad a los acusados al inicio del juicio por el caso Faycán. De los 42 años en total que solicitaba para los investigados, se pasa a 14 años y tres meses y algo similar ocurre con las multas, donde la cuantía más elevada, los 640.000 euros reclamados a Francisco Valido es sensiblemente menor a los 1.274.441 millones pedidos en su primer escrito de la acusación pública.
Así las cosas, una de las tramas de corrupción más importante de entre todas las que se han dado en Canarias en los últimos años se saldará con la más absoluta impunidad de los implicados.
Para ellos, las condenas se reducirán a las penas de 12 y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público para el exalcalde en la etapa de los hechos investigados, Francisco Valido, y para María del Carmen Castellano,concejala de Desarrollo Local y presidenta del Partido Popular (PP) en esos años, respectivamente. Los funcionarios Juan Felipe Martín y Esteban Cabrera también afrontan nueve y seis años de inhabilitación, mientras que para el resto de los procesados la petición de cárcel oscila entre uno y dos años, además de multas de diversas cuantías.
