Alba absuelve a los acusados del caso Faycan a pesar de estar suspendido
SB NOTICIAS / CANARIAS-SEMANAL
Por ARTURO INGLOTT
A mediados del pasado mes de enero informábamos, desde las páginas de este diario digital, sobre la evolución del juicio sobre el llamado Caso Faycán, que se encontraba a punto de cerrarse en la la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el magistrado Salvador Alba, nada más y nada menos que 12 años después de que saliera a la luz pública.
Como se recordará, “Caso Faycán” fue la denominación dada por los investigadores policiales a una gigantesca trama de corrupción urdida y desarrollada en el municipio de Telde, el segundo en importancia de la isla de Gran Canaria, que en el 2006 acaparó las portadas de los medios de comunicación de todo el Estado.
Según el juez que en su día instruyó este caso, Francisco Javier García, elex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, "idearon esta trama ilegal para financiar al PP"; si bien buena parte de ese dinero habría "acabado en sus bolsillos".
Las pesquisas policiales y judiciales desvelaron que las empresas que querían hacer negocios en Telde debían pagar previamente una suculenta comisión del 20% a los miembros del consistorio. El pago de estas comisiones fue reconocido por la mayoría de los empresarios que fueron investigados. De esta forma - y de acuerdo a lo revelado por las investigaciones - llegaron a moverse casi un millón de euros entre 2003 y 2006. La empresa que supuestamente aportó más a la trama fue la ferretería de Las Huesas - de Felipe y Nicolás Ojeda-, con un total 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros. Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de60.000.
Un auto emitido en 2009 por el juez instructor Francisco Javier Garcíasituaba a Valido al frente de esta trama, junto a Torres - que terminaría suicidándose - el ex concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, y Orts. Francisco Valido fue detenido y posteriormente imputado por un presunto delito de cohecho y otro de prevaricación.
DE LA REBAJA A LA TOTAL GRATUIDAD
Sin embargo, de un total de 53 imputados en el Caso Faycán se pasó finalmente a 37, entre los que se encontraba el propio ex alcalde. Doce años después, quedaban solamente 28 acusados, de los cuales veinte confesaron haber participado en la trama para el cobro de comisiones ilegales. Este reconocimiento de culpa, sin embargo, no se debió a ningún ataque repentino de moralidad, sino que formaba parte de un acuerdo alcanzado con el Fiscal Anticorrupción, Luis del Río, en virtud del cual ninguno de ellos pisaría la cárcel gracias a su "colaboración", al aplicárseles penas que no superarían los dos años de prisión.
ABSUELTOS TODOS LOS QUE NO SE CONFORMARON CON LA PENA REBAJADA PARA NO IR A LA CÁRCEL
Pese a todo, y visto lo visto, los implicados en esta trama que aceptaron este acuerdo para no pagar por sus actos con la correspondientes penas de prisión tampoco serán los más beneficiados por la "justicia" española.
Aunque no se notificará hasta el primer día hábil de septiembre, este martes 31 de julio se filtraba a la prensa la noticia de que los jueces del caso Faycán han decidido absolver a los siete acusados que no se conformaron con la pena propuesta.
Los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo han dado por válida, en parte, la sentencia emitida la semana pasada por el juez Salvador Alba a modo de “voto particular”, a pesar de estar de baja médica –en ese momento, y suspendido por el Consejo General del Poder Judicial al estar pendiente de juicio, acusado de cinco delitos.
De este modo, el juicio se cerrará con las condenas rebajadas de los 21 condenados que admitieron su culpa para evitar la cárcel y el resto de los implicados considerados "inocentes".
En una nota oficial emitida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el máximo órgano de los jueces adelantó la absolución de esos siete acusados.
Los dos exalcaldes del PP, Mari Carmen Castellano y Paco Valido, elexjefe de Urbanismo de Telde José Luis Mena, en prisión por otras condenas; el arquitecto Emilio Hernández, el auxiliar administrativo Luis Felipe Martín, el secretario del partido Ciuca, Agustín León y el empresario Domingo Campos.
Paradójicamente, la sentencia declara al mismo tiempo la responsabilidad civil subsidiaria del PP“en la cantidad reclamada por el ministerio fiscal”. Esa responsabilidad civil subsidiaria se refiere a uno de los delitos por los que se acusó a la ex alcaldesa Mari Carmen Castellano y por el que fue condenado uno de sus asesores, José Luis Sánchez: la reforma de una oficina del partido en el barrio de Arnao, costeada con fondos de la Unión Europea destinados a combatir el desempleo. Parte de ese dinero se utilizó para sufragar la apertura de esa sede del partido, con el visto bueno documental de la exalcaldesa.
La Audiencia de Las Palmas, a través de su presidente, Emilio Moya, se ha limitado a informar por medio de su gabinete de prensa de esa decisión absolutoria de los otros dos magistrados del caso, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo.
Así las cosas, una de las tramas de corrupción más importante de entre todas las que se han dado en Canarias en los últimos años se saldará con la más absoluta impunidad de los implicados, en una diáfana demostración del cuál es el carácter de la "justicia" impartida en los tribunales del Estado español y, de forma particular, en los de este Archipiélago.
