El Gobierno canario excluye de la Sanidad el derecho a recibir terapia de rehabilitación
LDDD.NET / CANARIAS-SEMANAL
Mediante un comunicado remitido a la redacción del periódico digital Canarias-semanal, el presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, Diego Moguel Cano, ha reiterado su denuncia de que en el Archipiélago "no se respeta el derecho a recibir este servicio sanitario"
Imagen / Diego Moguel
En esta ocasión laAsociación Profesional presidida por Cano reclama a la Consejería de Sanidad la rectificación urgente de la la ORDEN de 27 de marzo, en la que se establecen las prestaciones que que los centros hospitalarios de media estancia, para poder ser homologados, deberán tener obligatoriamente
De acuerdo a dicha orden firmada por el consejero Baltar -afirma Diego Mogel - la oferta asistencial, que incluirá como mínimo Rehabilitación y Geriatría, entre otras, excluye totalmente la Terapia Ocupacional de rehabilitación. El servicio, realizado por profesionales especializados, que, a través de la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales de los individuos pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad.
De esta forma, la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales considera que "se dinamita un proceso que se había abierto para tratar de incluir este servicio, el cual no se completará ni abordará de una manera lógica ni efectiva, ni en centros públicos de gestión directa del Servicio Canario de la Salud, ni en Hospitales concertados".
Así - afirma Diego Mogel - una vez más el gobierno autónomo "ignora que la Terapia Ocupacional se encuentra incluida en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud en el proceso de rehabilitación, siendo responsabilidad de las comunidades autónomas el hacerla llegar a todos sus usuarios".
"Esta deriva hacia la exclusión deliberada de una parte imprescindible de las necesidades de rehabilitación de nuestra población - concluyen - solo pude acelerar el fracaso sistemático de las políticas sanitarias preventivas y paliativas, de la discapacidad en Canarias".
