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¿Cómo es el bono social para la luz en Europa?

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LIBREDIARIO@DIGITAL / con información de El Periódico.es 


En la última junta de accionistas de Gas Natural, el consejero delegado del grupo, Rafael Villaseca, aseguraba que "en ningún país de Europa se hace pagar a las empresas la pobreza energética, igual que no se hace pagar la falta de alimentos a las compañías alimentarias".


Lo común es que las ayudas a los consumidores vulnerables los asuman los estados a través de los impuestos de todos los ciudadanos, según un estudio realizado por el comparador Selectra. E incluyen el gas, cosa que no sucede en España.


Sucede en Italia, con más de un millón de beneficiarios de hogares en dificultades o familias numerosas que no superan un umbral preestablecido de ingresos, o enfermos graves; Francia, con cuatro millones de hogares de rentas bajas o beneficiarios de ayudas sociales; o Reino Unido donde hay planes de ayuda para distintos tipos de situaciones o grupos de población, que pagan el Gobierno o una agencia pública.


VARAPALO DEL SUPREMO


En España este descuento, que hoy es fijo del 25% sin tener en cuenta los ingresos del hogar, corría a cargo de las grandes eléctricas, pero el Tribunal Supremo invalidó el sistema, por discriminatorio, y pasarán a financiarlo todas las comercializadoras en función de su número de clientes. El sistema más parecido es el de Portugal, donde lo pagan las eléctricas, aunque la rebaja es del 33,8%; el británico, aunque en este caso se financia también esencialmente con fondos públicos, o el belga.


El Ministerio de Energía remitió hace una semana a las autonomías el borrador de reglamento que desarrolla el Real Decreto-Ley 7/2016 sobre el bono social. En el mismo se incluye que las compañías tendrán que dar al menos tres avisos de forma fehaciente antes de dejar al cliente sin luz por impago. El plazo general hasta el corte será de dos meses desde la última reclamación, pero llegará a cuatro para los hogares más vulnerables.


A su vez, las eléctricas que comercializan la tarifa regulada o precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC) dejarán de cortar la luz y cofinanciarán a los hogares más vulnerables si las administraciones pagan al menos la mitad de la factura.



Según el departamento que encabeza Álvaro Nadal, el texto establece un "mecanismo más eficiente, basado en criterios de renta familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social".


Como referencia paa la renta se empleará el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples). Los descuentos serán más altos o más bajos en función de los ingresos. En la actualidad la rebaja es del 25% sobre el PVPC para quienes contraten potencias inferiores a 3 kilowatios (kW), sean pensionistas de más de 60 años con prestación mínima, familias numerosas o aquellos hogares en las que todos sus miembros están en paro. Son unos 2,4 millones de beneficiarios.



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