La 'erdoganización' de España

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El autor considera que la inercia en Turquía tras el fallido golpe de Estado coincide, al menos parcialmente, con la vivida en España en los últimos años, siendo la diferencia más importante, en su opinión, que la deriva autoritaria y de acumulación de parcelas de poder se ha ejecutado en España de un modo más progresivo y sibilino.


ras el supuestamente fallido golpe de Estado en Turquía, se ha desatado la ira de los dioses en dicho país en forma de deriva autoritaria, contándose por miles las detenciones, despidos y suspensiones en el ejército, la policía, judicatura, medios de comunicación, etc. Una purga masiva que afianza en los puestos de poder a los adeptos al régimen, aleja a los disidentes y, a la vez, supone un aviso a aquellos que en el futuro pudieran plantearse interferir en el statu quo generado, precisamente, a raíz del golpe de Estado.


Todas las medidas que se han adoptado en Turquía tienen una única finalidad: propiciar la acumulación del poder en torno al propio Erdogán, mediante la ruptura del equilibrio de poderes


En realidad, todas las medidas que se han adoptado en Turquía tienen una única finalidad: propiciar la acumulación del poder en torno al propio Erdogán, mediante la ruptura del equilibrio de poderes propio de los sistemas democráticos representativos, tal y como los conocemos en Europa occidental.


La coincidencia en las inercias de acumulación de poder seguidas por los gobernantes de Turquía y España es la que justificaría, entonces, el título del presente artículo, que puede resultar exagerado, pero que espero el lector juzgue después del repaso a las distintas decisiones adoptadas por el Partido Popular en los últimos años, precisamente en esa línea de acumulación de poder, algunas de las cuales expongo a continuación:


En lo que atañe al poder judicial, quisiera recordar cómo el PP, estando en la oposición,bloqueó la renovación del Tribunal Constitucional, impidiendo un primer relevo de los miembros que agotaban mandato, que debía realizarse por el Senado en el año 2007 y no se llevó a cabo hasta 2010, lo que propició que un Tribunal Constitucional de corte conservador se pronunciara, entre otras cuestiones, sobre el Estatut de Catalunya, con el resultado por todos conocido.


La siguiente renovación, que tenía que votarse en el Congreso en el año 2010, se demoró hasta 2012, cuando el Partido Popular ya había obtenido mayoría absoluta y accedió, ahora sí, a desbloquear la renovación de instituciones como el referido Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, bloqueos que en suma permitieron al PP obviar a la mayoría social que había aupado al PSOE al gobierno en la composición de los referidos órganos.


Son, por otro lado, conocidos, los esfuerzos del PP destinados a colocar en la Audiencia Nacional a jueces afines a su ideología, empeño que en principio podría explicarse por su necesidad de controlar la instrucción de casos como la Gürtel, pero que a mi juicio va más allá y responde a la concepción tentacular del poder por parte de la actual cúpula del PP, como pone de manifiesto, por ejemplo, la persecución sufrida por el magistrado De Prada desde instituciones, medios y organizaciones afines al Gobierno, sencillamente por discrepar de la "verdad oficial" en determinados temas.


Por último, en este capítulo, quisiera recordar la discutible actitud del Ministerio Fiscal en algunos de los casos más relevantes, en los que se ha conducido como una suerte de segunda defensa del PP, o de sus intereses, por ejemplo en el asunto de la destrucción a martillazos del ordenador de Bárcenas, o en el caso Noos; así como el nombramiento de cargos de la cúpula policial en base a afinidades ideológicas o fidelidades personales, movimientos estratégicos que evidencian el afán del partido en el Gobierno por controlar los procesos judiciales sensibles incluso antes de que nazcan, a través del control de las investigaciones policiales que desembocan en los mismos.


Cambiando de tercio, y de poder, recordará el lector las concesiones de las licencias de televisión digital, y el escándalo que supuso el acceso, por parte de la derecha más rancia, a muchos de los canales que se ofertaban, hasta el punto de haberse acuñado el término "TDT party", en referencia al conocido lobby ultraconservador estadounidense, precisamente por el sesgo ultraderechista de la oferta televisiva digital en nuestro país.


En este mismo plano, cabe también recordar cómo se barrieron de un plumazo las medidas del Gobierno de Zapatero destinadas a preservar la independencia de RTVE, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, mediante la supresión de la exigencia de nombramiento del Presidente por dos terceras partes del arco parlamentario, con la consecuencia que todos conocemos de conversión de una televisión y radio públicas razonablemente ajenas al poder, en el infumable bodrio actual, ejemplo de servilismo y docilidad en el tratamiento de la información que afecta a dicho poder.


Derivando hacia la educación, qué no decir del papel reservado a la Iglesia católica en la última reforma legislativa promovida por el PP, estableciendo el carácter evaluable, incluso para la obtención de becas, de la asignatura de religión, y promocionando la presencia en las escuelas de la moral católica, y su vetusta y estrecha concepción de la familia, la mujer, la sexualidad, etc., en una asociación simbiótica de derecha política y jerarquía eclesiástica que viene de antiguo y que ha sobrevivido hasta nuestros días, seguramente por su demostrada utilidad para el mutuo sostenimiento de ambas instituciones en el poder.


Por concluir, en lo que concierne a la represión de la disidencia, simplemente mencionaré los miles de procedimientos sancionadores abiertos en la época de manifestaciones y protestas que inauguró el 15M, o la reciente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, lo que da idea del sentido real de la reforma, que entre otras barbaridades tipifica como infracciones las modalidades específicas de protesta pacífica que habitualmente llevan a cabo colectivos como la PAH, Greenpeace, o el propio 15M, lo que evidentemente no guarda relación con la invocada seguridad ciudadana, sino con una concepción del poder autoritaria y que no admite la protesta pacífica y la crítica.


Control del poder judicial, de los medios de comunicación, del sistema educativo y de los valores y creencias que en el mismo se imparten, represión de la disidencia…


Podría seguir, pero creo haber dado ejemplos suficientes, de ámbitos variados, para justificar que la inercia en Turquía, tras el golpe de Estado, coincide, al menos parcialmente, con la vivida en España en los últimos años, siendo la diferencia más importante, a mi juicio, que la deriva autoritaria y de acumulación de parcelas de poder se ha ejecutado en España de un modo más progresivo y sibilino, en ocasiones mediante la perversión de la legalidad vigente, en otras simplemente empleando con maestría los propios resortes del poder, mientras que en Turquía se han conducido con la sutileza con la que el protagonista de La matanza de Texas manejaba la motosierra.


En España no ha habido golpe de Estado que sirva de excusa a la represión, y sin embargo, a quienes se han opuesto a esta maquinaria represiva se les ha tildado de "antidemócratas", agitándose en ambos países el espantajo del terrorismo


A pesar de esa diferencia de formas, creo importante terminar citando dos aspectos en los que existen similitudes en ambos procesos de acumulación de poder, que quizás no son demasiado evidentes, pero que deberían llenarnos de preocupación.


El primero de ellos serían las masivas detenciones y enjuiciamiento de activistas, sindicalistas, manifestantes, etc., practicadas en España durante las protestas en los años de los recortes, o las sanciones administrativas impuestas por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora perfeccionada como instrumento de represión de la disidencia, actuaciones que recuerdan a la reacción del gobierno en Turquía tras el golpe de Estado.


La segunda semejanza derivaría del empleo del famoso "relato" por parte de las estructuras del poder: En España no ha habido golpe de Estado que sirva de excusa a la represión, y sin embargo, a quienes se han opuesto a esta maquinaria represiva se les ha tildado de "antidemócratas", agitándose en ambos países el espantajo del terrorismo, llámese ETA o PKK, cuando convenía al poder, en una peligrosa confusión entre la democracia y el propio partido gobernante que, desgraciadamente, nos acerca a ese régimen aparentemente tan lejano.




Artículo de opinión cortesía de PERIÓDICO DIAGONAL

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