El presidente de la UD Las Palmas, pendiente de nuevo del indulto del gobierno

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EDDC.NET / Madrid


El empresario y presidente del club de fútbol de Primera División Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, irá a prisión el próximo 5 de octubre. Así lo dictaminó el pasado 13 de junio el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, en virtud de la ejecución de la sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Provincial, que condenó al también propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria a tres años de cárcel por la construcción de obras ilegales. Tan solo una cosa podría evitar que el hombre que fichó a Kevin Prince Boateng sea encarcelado, según ha publicado El Confidencial.com.


El gobierno podría indultarle antes de la ‘fatídica’ fecha del 5 de octubre. El Consejo de Ministros tendría que aprobar la petición realizada por el propio empresario tras la propuesta del Ministerio de Justicia, que aún no se ha pronunciado. No sería la primera vez que el ejecutivo indulta al presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva. La medida de gracia ya le fue concedida por el gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 por la misma causa judicial. En concreto, rebajó de tres a dos años la condena, lo que hacía que en la práctica el empresario no entrara en prisión al carecer de antecedentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó el indulto en junio de 2015 tras el recurso de la asociación Ecologistas en Acción, impulsora de la investigación inicial que llevó a la condena.


El alto tribunal argumentó que el indulto debía ser anulado porque no había contado con el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, sino solo con el del juzgado de lo Penal número 5. Entendía el Supremo que la Audiencia también había participado en la sentencia y, por lo tanto, era necesaria su opinión. Tras el requerimiento, el alto tribunal de Las Palmas informó a favor del indulto, lo que motivó que Ramírez volviera a reclamar la medida de gracia, que deberá aprobarse antes del 5 de octubre tras ordenarlo así el auto del Juzgado número 5.


La decisión sobre si el empresario ingresa o no en prisión la tomará, por lo tanto, un gobierno que aún se encuentra en funciones y del que ya no forma parte el que fuera ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, con quien Ramírez mantiene una relación de amistad desde hace años que ha sembrado de dudas la gran cantidad de adjudicaciones que ha recibido Seguridad Integral Canaria en esta legislatura por parte de la administración general del Estado. La propia Tesorería General de la Seguridad Social ha contratado los servicios del empresario a pesar de que ha sido este mismo organismo el que ha establecido en 12 millones de euros la cantidad que Ramírez le adeuda.


La Tesorería remitió un informe al juzgado número 8 de Las Palmas en el que que esos 12 millones era la cifra adeudada por las mercantiles del Grupo Ralons, matriz de Seguridad Integral Canaria, a la Seguridad Social. El documento fue presentado a requerimiento del juzgado, que investiga el fraude en el que ha incurrido presuntamente Ramírez tanto con este órgano como con la Hacienda Pública, un proceso judicial que ha pasado ya por tres jueces instructores, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que abandonó el juzgado para sumarse a las filas de Podemos, o Salvador Alba Mesa, que fue grabado por el propio Ramírez. Ahora es la magistrada Carla Vallejo quien dirige la instrucción.


Entre las irregularidades, el Juzgado investiga las “estratosféricas” dietas -en palabras de Hacienda- que la empresa abonaba a los trabajadores con el fin de evitar que estos pagos fueran contabilizados como otros conceptos sujetos a retenciones. Según la Agencia Tributaria, la mercantil acudía al abono de estas dietas y kilometraje porque se trata de partidas exentas desde el punto de vista fiscal, con lo que la compañía se ahorraba el pago de los impuestos correspondientes.


En el marco de esta causa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó al juzgado número 8 imponer una fianza de responsabilidad civil al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.


El juzgado ha ido rebajando durante los últimos meses la cifra, que la acusación particular -ejercida por la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- reclamó inicialmente que fuera de 60 millones de euros. Tras la petición, el Juzgado la situó en 35 millones y amenazó con embargar los bienes de Ramírez si este no pagaba, lo que ponía el foco sobre el club de fútbol del que, además de presidente, es accionista el empresario. Tras el recurso de Ramírez, rebajó a 17 millones la fianza y posteriormente hasta los actuales 3,5 millones establecidos.

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