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El paria, el bocata y la Justicia

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EL BAR DE PEPE

EL PARIA, EL BOCATA Y LA JUSTICIA


La noticia saltó a la prensa, no a la radio y tampoco a la televisión, la dio la Vanguardia, ese veterano periódico, decano de la prensa en Cataluña y uno de los más antiguos de España, no por ser cotidiano el hecho de enjuiciar a un hombre por robar un bocata, que ya sabemos causas, incluso menos “lucrativas” que han pasado por un juzgado, incluso siendo detenidos, por robar dos huevos kinder en Carrefour, pero siempre nos sorprende la justicia injusta que padecemos los españoles. El asunto es el siguiente:


Un juez de Barcelona ha condenado al joven que robó un bocadillo a un año y nueve meses de prisión al considerar que al sustraer la comida tenía la intensión de “enriquecerse”. En el juicio el encausado había argumentado que tenía hambre. Tuvo suerte ya que el fiscal en un principio le solicitaba 4 años de prisión, y posteriormente lo rebajó a 3 años y medio.


Estamos viviendo un Estado Judicial, de lo más esperpéntico y bochornoso de los últimos 40 años, donde, no solo lo parece además lo es, los parias son los que van al trullo y de vez en cuando nos quieren convencer que algunos de los rateros de cuello y guante blanco también entran, pero no en la mismas trenas, no en las mismas celdas, ellos lo hacen en habitáculos perfectamente preparados para tan lujoso huésped, en zonas reservadas para presos VIP y con toda clase de comodidades, cine, tv. gimnasio y piscina, etc.


Pero lo que es justo para un paria es injusto para un juez, veamos el caso del Juez Urquía:


"El Supremo rehabilita al juez Urquía, aún con condena pendiente". Tener antecedentes penales no priva para impartir justicia, según la sentencia


La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial, una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó la única sentencia hecha firme hasta ahora, y ha anulado las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenerlo apartado de la profesión.


El juez Urquía, de 43 años, no puede tener queja del Tribunal Supremo, donde ha conseguido ya dos resoluciones muy favorables y en donde tiene aún pendiente de revisión una condena por dejarse sobornar para poner en libertad a un preso en una causa que él instruía. La Sala de lo Penal del Supremo ya le rebajó sustancialmente la pena que le puso en julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación.


El tribunal consideró probado que De Urquía aceptó 73.800 euros de Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el caso Malaya que actualmente está en fase de juicio.


Aquel dinero le ayudó a comprar una vivienda a cambio de favores judiciales. Pocos días después de que el 17 de marzo de 2006 el magistrado firmara el contrato de compra de la vivienda y entregara dicha cantidad, prohibió la emisión de un programa de televisión que incomodaba a Roca.

El Supremo enmendó la condena del tribunal andaluz. Entendió que no había prevaricación y la dejó solo en 21 meses de suspensión profesional por cohecho. Una vez cumplidos estos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de 2012.


Urquía puso un recurso contencioso contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, resuelto ahora por el Supremo. La sentencia llama la atención sobre un "vacío legislativo", ya que no hay ningún precepto en la legislación que impida el reingreso de un juez suspendido que tenga antecedentes penales. No tenerlos es un requisito exigido solo para el acceso a la carrera judicial, no así para quien ya ingresó, lo que supone "una especie de limbo jurídico", en casos como este.

Resulta además muy llamativo que este derecho a ejercer como juez se le reconozca a Urquía cuando aún tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 114.000 euros también por prevaricación y cohecho a la que le condenó el TSJA en junio de 2010.

En este caso, Urquía cobró 60.000 euros para dejar en libertad bajo fianza a tres imputados en el caso Hidalgo que él instruía por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.


El CGPJ abrió por esta causa otro expediente disciplinario a Urquía cuando se dictó la apertura de juicio, pero no puede sustanciarse hasta que el Supremo dicte sentencia firme porque la causa penal tiene preferencia.


Si sale absuelto, se archiva, pero si hay condena, se considera una falta muy grave, por lo que el regreso a la judicatura de Urquía puede ser solo temporal.


En España solo van al talego los parias.




Joaquín Hernández, periodista y analista político

Libre@Diario