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El Tribunal Supremo y su decisión de salvaguardar los intereses de la Banca

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SUPREMO


MADRID


Los acontecimientos de última hora relativos a la decisión del Tribunal Supremo han provocado una reacción común entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, quienes han abordado esta cuestión desde una premisa clara: “la banca debe pagar este impuesto y no la ciudadanía”. La inexistencia de actuaciones similares dentro de este alto tribunal, ha provocado que la incertidumbre haya sido la protagonista de todo este proceso.


La subordinación de la Justicia a la banca


Una incertidumbre que se traduce en una contradicción o marcha atrás que amenaza la credibilidad del tercer Poder del Estado al poseer ciertas grietas estructurales, capaces de desvirtuar la función de contrapoder que representa.


La actualidad judicial presenta ciertos signos de falta de imparcialidad, que puede verse reflejado en uno de los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo para que su última decisión fuese la de decantar la balanza a favor de la Banca.


El argumento de la “inestabilidad económica y financiera” que supondría, que la Banca tuviera que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuyo objeto de gravamen solo representa beneficios para ella, califica todo este procedimiento de, cuanto menos, desvirtuado ya que evidencia la supeditación del más alto tribunal español, al servicio del poder económico.


Más aún, cuando esta decisión se toma para contradecir la sentencia que hacía menos de un mes, había dictado ese mismo tribunal y que establecía la obligación a los bancos de soportar dicho impuesto y devolver el dinero, injustamente aportado por la ciudadanía


El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para que pague la Banca


Ante este desequilibrio de poder entre la ciudadanía y la Banca, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la obligación al sector bancario de pagar dicho impuesto y, en cierta manera, reequilibrar esta situación.


Del mismo modo, se han establecido ciertas excepciones que permiten a la Banca eximirse de esta responsabilidad, que son las hipotecas firmadas al Estado, administraciones, Seguridad Social, Iglesia Católica, Cruz Roja, ONCE o a las Reales Academias.


No obstante, esta subsanación no soluciona el problema estructural de fondo, donde la Justicia queda al descubierto y la Banca se erige como vencedora, al tener la posibilidad de transformar ese gasto del impuesto, en un potencial incremento del porcentaje de los intereses o comisiones y, por consiguiente, obligar a cumplir con una frase popularmente conocida: "la banca siempre gana".


Libre@Diario