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La dirección general de Justicia del gobierno de Canarias, condenada por no proteger la salud de una funcionaria

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Justicia


LDD.NET/EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria


La dirección general de Relaciones con la administración de Justicia del gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra Cesáreo Rodríguez Santos, dependiente de la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad regentada por José Miguel Barragán, ha sido condenada por el juzgado de lo social nº cinco de Las Palmas por el incumplimiento sistemático de las normas de prevención de riesgos laborales respecto a una funcionaria del juzgado de primera instancia nº siete de Las Palmas de Gran Canaria.


Dicha condena comprende el pago de daños y perjuicios a la víctima, así como su traslado a otro órgano judicial en base al acoso laboral sufrido.


Para la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria, esta sentencia es reflejo de la desidia que el gobierno de Canarias ha venido perpetrando respecto al personal de ese órgano jurisdiccional.


Este pronunciamiento judicial, si bien no directamente, deja señalados a los culpables del daño a la salud sufrido por esta compañera, que ni la Jefa de Servicio en su día destinada en esta dirección general ha querido o podido solucionar ni los gerifaltes del Servicio de Prevención de la comunidad autónoma han querido atender, lo que constituye un claro desprecio a la salud de los trabajadores.


Para Intersindical Canaria, el reconocimiento judicial obtenido es una prueba objetiva más del desprecio y el ninguneo con que la dirección general trata a sus funcionarios, pues pese a tener conocimiento de estos gravísimos hechos desde el año 2009, han mirado sistemáticamente para otro lado, menospreciando no sólo la salud de la funcionaria demandante, sino también el de muchas otras funcionarias que por tal Juzgado han pasado y fueron víctimas de bajas médicas y ceses voluntarios por el calvario al que fueron sometidas por la actitud despótica y coercitiva desarrollada por el Letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano, ya sancionado en vía disciplinaria como en su día informamos a la opinión pública.


La sentencia que analizamos, declara el incumplimiento sistemático de todas las normas de prevención de riesgos laborales que le eran -y son- de obligado cumplimiento al gobierno de Canarias, lo que constituye una auténtica aberración se mire como se mire.


Tanto el abogado de la trabajadora acosada, Nadim Jaber, como la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria animan a los integrantes del colectivo afectados por situaciones similares a que ejerciten las acciones judiciales oportunas para que el reprobable equipo de gobierno que sufrimos garantice de forma eficaz el derecho a la salud del personal a su cargo, pues es un derecho expreso de los trabajadores y una incuestionable obligación de los gestores políticos.

Libre@Diario