La oposición lagunera solicita someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno

LDD.NET / LVDC.ES / LA LAGUNA

“El Gobierno municipal ha optado por sustituir la dación de cuentas ante el Pleno del Ayuntamiento por la propaganda gubernativa financiada con recursos públicos, que no sólo sirve para la exaltación de los éxitos reales o imaginarios del Gobierno municipal, sino para atacar la labor de la oposición y para la censura informativa de sus iniciativas y propuestas”.

“El Alcalde muestra un desacato constante de las decisiones plenarias, como la creación de las comisiones acordadas, la evaluación de los cumplimientos plenarios e incluso la puesta en marcha de la comisión de investigación de las grúas, que se retrasó conscientemente más de un año”.

La sesión plenaria de control se celebrará en un plazo aproximado de 15 días

La oposición en el Ayuntamiento de La Laguna ha solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno para someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno Local. Así lo explicaron este miércoles, en rueda de prensa, los portavoces de los Grupos de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, Por Tenerife- Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez y el ex portavoz del PSOE, Javier Abreu, así como la concejala de Unid@s se puede, María José Roca. Todos coincidieron en destacar los incumplimientos sistemáticos de los asuntos plenarios, el gasto excesivo en propaganda y el ataque constante a la labor de la oposición.

Para los solicitantes, transcurridas las tres cuartas partes del actual mandato corporativo 2015-2019, es inaplazable someter a examen la gestión de la Junta de Gobierno Local, que se constituyó a raíz de las elecciones municipales como condición y consecuencia de un Pacto en Cascada suscrito por razones externas al municipio de La Laguna y a la voluntad electoral expresada en las urnas.

Durante toda esta etapa y según argumentan los concejales firmantes de esta petición, el Gobierno municipal ha optado por sustituir la dación de cuentas ante el Pleno del Ayuntamiento, órgano representativo de la ciudadanía lagunera, por la propaganda gubernativa financiada con recursos públicos, que ascenderán a la cifra seis millones de euros al finalizar esta legislatura. Este cuantioso gasto de dinero público no ha tenido como finalidad meramente la exaltación de los éxitos reales o imaginarios del Gobierno municipal, sino, con demasiada frecuencia, el ataque a la labor de la oposición y hasta la censura informativa de sus iniciativas y propuestas.

Al propio tiempo, se han visto recortados los instrumentos de que dispone la oposición para el ejercicio de sus funciones principales de control e impulso político, al interpretarse el Reglamento Orgánico por parte de la Alcaldía impidiendo en la formulación de las preguntas los trámites de réplica y dúplica, desnaturalizando este mecanismo de control, y tratando reiteradamente de obstaculizar el derecho a que las mociones, una vez incluidas en el orden del día y debatidas, sean votadas.

“Tenemos el gobierno menos representativo de la historia democrática local y un alcalde desleal con los acuerdos del Pleno, que debe someterse al mecanismo de esta sesión de control”, señaló el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, al tiempo que especificó el alcalde ha articulado, a través de distintos mecanismos, fórmulas que han intentado evitar el control que la oposición tiene que realizar entre sus tareas fundamentales. Asimismo, recordó que José Alberto Díaz fue reprobado en el Pleno municipal de marzo por deslealtad con los representantes democráticos de La Laguna. “Esperemos que en ese Pleno, que se celebrará en un plazo de 15 días, se plasme la trayectoria de un equipo de Gobierno desnortado y que queden retratados quienes apoyan las tareas de ese equipo”, aseveró.

Para el portavoz de XTF-NC Santiago Pérez, “una de las características de este sistema de poder y de los intereses que representa, lo que algunos llamamos el régimen de ATI es que se resisten a la dación de cuentas”. El edil añadió que los nacionalistas “quieren tener el máximo de poder, pero el mínimo de responsabilidad”, al tiempo que especificó que “esa resistencia a la dación de cuentas les ha llevado a intentar pervertir los mecanismos de control más ordinarios en una institución democrática: las preguntas y las mociones de la oposición”. Pérez explicó, además, que con “con este mecanismo se tratará de alejar esta especie de relato del mundo al revés que se intenta vender a la opinión pública a través de un aluvión de propaganda pagada con dinero público y probablemente con la aportación de las empresas a las que se les está permitiendo la continuidad en la gestión de los servicios públicos al márgen de la Ley”.

El ex portavoz de PSOE lagunero, Javier Abreu valoró la necesidad de la celebración de este pleno extraordinario porque “el alcalde se salta todos los acuerdos y todos los procedimientos en beneficio suyo”. Del mismo modo, tildó a José Alberto Díaz de “desleal, falto de rigor, incapaz y de irrespetuso con la ciudadanía, ya que está más pendiente de la foto y de las rueditas de prensa que de la gestión del municipio”.

Es la primera vez en siete años que se va a realizar un pleno extraordinario para someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local y así lo destacó la concejal de Unid@s se puede, María José Roca, un procedimiento incluido en el artículo 103 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Roca indicó que será Rubens Ascanio, el autor de la propuesta, el que explique en el Pleno las razones de su celebración y que a continuación será una persona delagada de la Junta de Gobierno, la que conteste para posteriormente abrirse un turno de debate en el que resto de los partidos políticos de la oposición podrán participar. Una vez concluido el debate, se podrá presentar una moción en la que el Pleno en su totalidad manifestará cómo se ha estado gestionando el municipio durante estos tres últimos años. Esta moción se incluirá el orden del día del siguiente pleno ordinario o extraordinario.

Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88, párrafo segundo, del ROM, se solicita la convocatoria de la Junta de Portavoces para tratar la duración de las intervenciones del Gobierno, de los Grupos Políticos y de los concejales y concejalas, en función de la importancia del asunto que se va a debatir.