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IUC advierte que Santa Cruz tendrá un déficit de 6.700 viviendas en 2030

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LIBRE@DIARIO / SANTA CRUZ DE TENERIFE


Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, advierte que Santa Cruz debiera contar, en 2030, con 11.600 viviendas para el alquiler social, de acuerdo con un reciente estudio de la Fundación Alternativas, que establece las necesidades globales en esta materia para España.


En la actualidad, Santa Cruz cuenta con 4.884 viviendas destinadas al alquiler social y, por lo tanto, tendría que dotarse de otras 6.716 para satisfacer las necesidades estimadas. En realidad, la situación en Santa Cruz puede agravarse fácilmente porque hay menos vivienda en alquiler, crece el alquiler vacacional y abundan los bajos salarios, el desempleo y la pobreza, por lo que se trata de un panorama peor que el estatal.


Trujillo afirma que habría que dotarse de 560 viviendas para alquiler social anualmente, durante doce años, para estar en condiciones de abordar los problemas de vivienda. Sin embargo, el grupo de gobierno municipal, rechazó, en mayo, la propuesta llevada a pleno por IUC para construir 70 viviendas de alquiler social al año, entre 2019 y 2022, por considerarlo un objetivo excesivo, si bien asumió la necesidad de dotar al municipio de más vivienda social.


El municipio cuenta con 1.502 viviendas de alquiler social de titularidad municipal, 2.475 propiedad del Instituto Canario de la Vivienda y 907 de Visocan. IUC considera que hay que fijar una estrategia para dotarse de un parque de vivienda en alquiler social, de carácter permanente, para atender a los hogares con rentas más bajas.


El concejal progresista denuncia que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 reduce su presupuesto en relación a su predecesor y consolida la caída del gasto estatal público en vivienda en un 65% en relación a 2009. El enfoque del nuevo Plan es dar ayudas a quienes están peor, pero renuncia a impulsar más vivienda protegida. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen que hacer algo, al tiempo que presionan a la Comunidad Autónoma y al Estado para dotarse de vivienda de alquiler social.

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