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Sí se puede e Izquierda Unida se personan como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el polígono de Güímar

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EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife


Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han decidido personarse como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el Polígono Industrial de Güímar, que se sigue en el juzgado nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de estos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar: Candelaria, Arafo y Güímar.


Con la solicitud de personación como acusación popular se pretende aportar la máxima colaboración de estas organizaciones políticas con la labor del Ministerio Fiscal en la lucha por la exigencia de legalidad en un caso ante el que la ciudadanía canaria ha expresado una enorme sensibilidad.


Ambas organizaciones consideran que este asunto es tan grave desde el punto de vista medioambiental como las extracciones irregulares que ha sufrido el barranco de Güímar, por el que han sido condenados importantes empresarios de la Isla. En este caso, los “hoyos de ambición” son submarinos, se manifiestan bajo el mar. Tenerife se encuentra ante el mayor atentado medioambiental a su litoral.


Debe recordarse que las actuaciones que en estos momentos se están investigando en el juzgado de Güímar se iniciaron a raíz de una denuncia presentada hace casi un año ante la Fiscalía de Medio Ambiente por Sí se puede e Izquierda Unida Canaria, donde se exponía la caótica situación que se vivía en el Polígono Industrial de Güímar con relación al tratamiento de las aguas residuales. Estas organizaciones denunciaban que se llevaba varias décadas vertiendo al mar las aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de que estas aguas contienen componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con componentes tóxicos de todo tipo.


En la denuncia formulada en aquel momento se acordó la necesidad de continuar con esta labor en defensa del medio ambiente marino, a la vista de que se contaba con una docena de informes en los que se comprueba que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican y más los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, lo que es buena muestra de la gravedad de la situación.


Izquierda Unida y Sí se Puede llaman la atención sobre que estos vertidos contaron de manera incomprensible con una autorización de la viceconsejería de Medio Ambiente del gobierno de Canarias por Resoluciones desde 1998, una autorización que no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados.


Aparte de este vertido incorrectamente autorizado, el polígono cuenta con dos puntos más de vertidos de aguas residuales industriales: el EBAR Polígono Industrial y el barranco del polígono, ambos en la carretera litoral. Pero es que, además, desde el año 2011 el Polígono Industrial carece de la más mínima cobertura jurídica, dado que se declaró la caducidad de la autorización otorgada en su día por la viceconsejería de Medio Ambiente para el vertido al mar de las aguas residuales industriales a través del emisario citado; sin embargo, continuaron los vertidos industriales hasta la actualidad lo que es una clara señal del ánimo delictivo con el que han actuado los denunciados.


La situación de ilegalidad en la que en estos momentos se vierten aguas residuales de origen industrial sin depurar no solo causa un daño contra el medioambiente que está penado por la Unión Europea; además, amenaza el futuro de las 250 empresas instaladas en el Polígono y los 3.000 puestos de trabajo que concentran.

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