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Román Rodríguez asegura que Canarias precisa urgentemente políticas de vivienda que den respuesta a las necesidades ciudadanas

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EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria


El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, aseguró en la isla de Lanzarote que Canarias precisa la urgente implementación de políticas activas de vivienda que faciliten el cumplimiento de este derecho constitucional, hoy gravemente vulnerado en el conjunto del Archipiélago. Pese a contar con competencias exclusivas en la materia, la Comunidad Canaria carece de un Plan en este ámbito y lleva más de una década sin impulsar la construcción de viviendas públicas.


En el acto, moderado por Armando Santana, coordinador insular de Nueva Canarias en Lanzarote, también participaron Carmen Hernández, vicepresidenta de NC y alcaldesa de Telde, la diputada de NC Gladys Acuña, el presidente de la Cámara de Comercio de la isla, José Torres, y la integrante de la Plataforma para una Vivienda Digna Angy Guisado, que expresó el drama que muchas familias, sin posibilidad alguna de acceder a una vivienda, padecen en la isla conejera, y a que las instituciones no son capaces de ofrecer alternativas.


En el debate, que forma parte de los encuentros #Canariasconfuturo que viene desarrollando NC en todo el archipiélago sobre diferentes asuntos, se puso de manifiesto el progresivo agravamiento del problema de la vivienda en Canarias en el período reciente.


Inacción del Gobierno


En primer lugar, por la ausencia de políticas públicas en la materia, fruto de la inacción del Gobierno de Canarias. Pese a que se dispone de suelo en las Islas, el Ejecutivo ha estado paralizado en un asunto de especial sensibilidad y que afecta a la calidad de vida de decenas de miles de personas en nuestra tierra.


A ello se le suma el efecto que está teniendo en las islas turísticas el alquiler vacacional, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Y cuya expansión restringe la oferta de alquiler residencial y, además, la encarece sustancialmente. Asunto que, también, compete al Gobierno de Canarias sin que haya sido capaz de regular su situación.


La Constitución establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En Canarias este precepto no se cumple en modo alguno.

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